- La Justicia analiza si el rescate público sirvió para devolver préstamos a sociedades investigadas
- El origen de la causa está en una investigación al empresario Simon Leendert Verhoeven
El caso Plus Ultra ha dado un giro radical desde que estalló en 2021. Lo que comenzó como una controversia política por el rescate de 53 millones de euros concedido por la SEPI a una aerolínea de pequeño tamaño ha derivado en una investigación internacional por presunto blanqueo de capitales centrada en préstamos financieros vinculados a sociedades investigadas en Suiza y Francia.
El origen del caso sigue estando en el rescate aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021 con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), creado durante la pandemia. La ayuda a Plus Ultra generó una fuerte polémica política por la mala situación financiera de la compañía, su escasa cuota de mercado y el control de su accionariado por empresarios venezolanos.
Aquella primera batalla judicial arrancó con una querella presentada por Manos Limpias, a la que después se sumaron Vox, PP y Cs. El Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid investigó posibles delitos de prevaricación, malversación o tráfico de influencias en la concesión de las ayudas. La causa acabó archivada en enero de 2023 al no apreciarse indicios suficientes de delito.
Mientras esa investigación perdía fuerza en España, las fiscalías de Suiza y Francia activaban otra bien distinta. Desde octubre de 2021 analizaban la actividad de varias sociedades vinculadas al prestamista neerlandés Simon Leendert Verhoeven, residente en Suiza y considerado una figura clave en la investigación.
Este controlaba estructuras como Wailea Invest, Allpa Wira o Valerian Corporation que concedieron a Plus Ultra varios préstamos puente por algo menos de 2 millones de euros a finales de 2020 y principios de 2021, justo antes de que se aprobara el rescate. La aerolínea sostiene que recurrió a esa financiación porque el acceso al crédito bancario para las aerolíneas estaba cerrado durante la pandemia.
La investigación se centra ahora en la devolución de esos préstamos tras recibir el dinero de la SEPI. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que parte de esas operaciones sirvieron para canalizar fondos de origen a priori ilícito a través de sociedades bajo sospecha de participar en estructuras de blanqueo vinculadas a capitales venezolanos. Los movimientos bajo sospecha estarían ligados presuntamente a operaciones de corrupción, incluida la comercialización de oro venezolano y fondos asociados al programa de alimentos CLAP. Parte de las transferencias detectadas pasaron por cuentas en Suiza y otros países europeos.
En diciembre de 2025, la UDEF registró las oficinas de Plus Ultra y detuvo a varios directivos. La Audiencia Nacional mantiene abiertas diligencias por presunto blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental.
