- El Gobierno cuela a última hora un cambio en la Ley de IA para hacer secretos estos sistemas
- La medida podría vulnerar el principio de transparencia y afectar a la tutela judicial efectiva
El Gobierno cuela a última hora en la Ley de Inteligencia Artificial una modificación de la Ley General Tributaria que impedirá a los ciudadanos conocer el uso que hace Hacienda de sistemas informáticos, algoritmos e IA para seleccionar a los contribuyentes e inspeccionarlos.
La reforma impone el carácter reservado de estas herramientas bajo el argumento de que su conocimiento puede comprometer la eficacia de las actuaciones o facilitar la elusión fiscal. La futura norma, que acaba de iniciar su tramitación en el Congreso, concretamente reforma el artículo 116 de la Ley General Tributaria. El punto más polémico está en el apartado 3, que establece que la información sobre estos sistemas informáticos «no será objeto de publicidad, comunicación o acceso público, ni se pondrá de manifiesto a los obligados tributarios ni a órganos ajenos a la aplicación de los tributos«.
Esaú Alarcón, abogado fiscalista en Gibernau y profesor de Derecho Tributario en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), advierte que la cláusula va en contra del principio de transparencia y puede afectar a la tutela judicial efectiva. «Impide al ciudadano conocer qué sesgos informáticos o algoritmos han determinado que se le juzgue como presunto defraudador o infractor», subraya.
Indica que este cambio, como mínimo, debería haberse regulado en una ley orgánica, puesto que, aunque el cambio está dentro del Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, esta cláusula concreta no tiene carácter orgánico.
Esta modificación se ha incorporado en el último trámite del proceso legislativo, con lo cual no ha sido sometida a los informes preceptivos. Es decir, no ha pasado por la valoración de órganos como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado o la Junta Electoral Central, como sí lo ha hecho el resto del texto de la Ley de IA.
Esaú Alarcón también advierte de la ambigüedad del texto, ya que el cambio establece que la información sobre los sistemas informáticos no se pondrá de manifiesto a «órganos ajenos a la aplicación de los tributos», sin especificar en ningún momento a qué órganos se refiere, si a otros de la Administración distintos a la Agencia Tributaria o también a jueces o tribunales.
El contra del Supremo
El Tribunal Supremo emitió el 11 de septiembre una sentencia que obligó al Gobierno a abrir los algoritmos del programa BOSCO que utiliza la Administración para seleccionar a los ciudadanos beneficiarios del bono social.
El alto tribunal estableció que el derecho de acceso a la información pública es un derecho constitucional ejercitable frente a la Administración por exigencia de democracia y transparencia. Incidió en que este derecho toma aún más relevancia ante el uso de las nuevas tecnologías por parte de la Administración para tomar decisiones automatizadas. «En estos casos debe conllevar exigencias de transparencia de los procesos informáticos seguidos en dichas actuaciones, con el objeto de proporcionar a los ciudadanos la información necesaria para su comprensión y el conocimiento de su funcionamiento», indicó.
Alarcón, a la luz de esta sentencia, considera que esta situación acabará derivando en que la Administración, al inicio de un procedimiento tributario, deberá informar al contribuyente del código fuente que ha determinado su revisión, en el caso de que tal inclusión resulte de un algoritmo informático o de algún bot que esté mirando sus redes sociales. De esa manera se podría comprobar si la actuación resulta o no proporcionada y si, de alguna manera, se está prejuzgando al contribuyente de forma errónea.
Uso por parte del fisco
Hasta el momento, Hacienda siempre ha sido muy reacia a informar sobre el uso de la IA en sus actuaciones y sobre las herramientas concretas que utiliza, limitando las explicaciones a que estos sistemas nunca toman decisiones concretas sobre contribuyentes. Asimismo, también ha reconocido el uso de la IA en la declaración de la Renta, pero enfocada a un elemento de asistencia al contribuyente a la hora de elaborarla.
La anterior directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, negó el pasado mes de marzo que Hacienda estuviera utilizando IA para la selección de contribuyentes y la administración de expedientes, pero avisó de que la Administración tendrá que empezar a plantearse su uso como cualquier otra institución pública.
